Guatemala, violencia política e impunidad

By Michael Shifter
Política Exterior, August 25, 2009

A review of El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo? by Francisco Goldman. Barcelona: Anagrama, 2009. 536 págs.

Para bien o para mal, América Central vuelve a salir en las noticias. En Honduras, la expulsión por la fuerza el 28 de junio de un presidente democráticamente elegido ha llamado la atención sobre la fragilidad de las instituciones en la región y es un desagradable recordatorio de que los militares no han quedado necesariamente relegados al pasado. Es más, los observadores coinciden en que, en noviembre de 2008, el proceso democrático fue infringido en Nicaragua por el fraude en las elecciones locales, lo que pone de relieve la preocupación regional ante el creciente autoritarismo.

De hecho, tal vez con la excepción de El Salvador, donde un nuevo gobierno ha traído ciertas esperanzas de mayor cooperación y renovación en la política, las noticias que llegan del istmo no son demasiado alentadoras. Los últimos acontecimientos en Guatemala, el país más grande de Centroamérica, son especialmente preocupantes, incluso escalofriantes. El extraño y todavía no resuelto asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg en mayo de 2009 (que justo antes de su asesinato apareció en un vídeo señalando con un dedo acusador al presidente, Álvaro Colom, si algo llegaba a sucederle) ha alimentado la especulación generalizada sobre quién ha sido responsable del crimen, y no ha hecho más que sumarse a la ya considerable incertidumbre política en el país.

El patetismo de la actual situación de Guatemala trae a la memoria otro asesinato, hace más de una década, que fue indeciblemente horripilante y aterrador. En diciembre de 1998, el obispo Juan Gerardi fue golpeado hasta morir cuando se dirigía hacia su coche en la ciudad de Guatemala, justo dos días después de haber publicado un informe sobre derechos humanos de cuatro volúmenes en el que se detallaban las atrocidades cometidas en el país durante el brutal conflicto civil de cuatro décadas, que se cobró unas 200.000 vidas antes de terminar oficialmente en 1996.

El relato de esa horrible muerte y, lo más importante, el elaborado encubrimiento, se narran de forma brillante en el primer libro de no ficción del novelista Francisco Goldman El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo?, publicado originalmente en inglés en 2007 y cuya edición en español ha publicado Anagrama. La descripción que Goldman hace del crimen y de las consecuencias del mismo, producto de una meticulosa investigación durante siete años, tiene una cualidad claramente macabra. Logra con éxito diseccionar e iluminar las famosamente oscuras fuerzas y siniestras coacciones de Guatemala que, en todo caso, están ganando terreno en los últimos años y planteando una amenaza cada vez más seria a las precarias instituciones del país, que luchan por mantener el Estado de Derecho.

El encomiable libro de Goldman demuestra lo difícil que es desvelar toda la verdad de una tragedia en medio de tantas mentiras, rumores y teorías improbables (que, en este caso, incluyen a un perro pastor alemán y un crimen pasional homosexual). De hecho, Goldman introduce las incontables contradicciones y la desinformación de los sombríos funcionarios gubernamentales y los políticos corruptos en la historia real, lo que a veces hace que sea difícil seguir la narración. Sin embargo, su relato deja hábilmente al descubierto la complicidad generalizada del gobierno en el encubrimiento, y describe los deliberados intentos de inspirar aún más temor a una sociedad que todavía se está recuperando de décadas de conflicto sangriento.

Aun así, lo que resulta extraordinario es que, contra viento y marea, un grupo de jóvenes investigadores eclesiásticos y estatales excepcionalmente tenaces y valientes fuesen capaces de conseguir dos condenas inéditas para los dos altos cargos que ordenaron el crimen. Una hazaña así es digna de mención en un país donde los niveles de impunidad son extremadamente altos y rara vez se consigue hacer justicia. En este sentido, el retrato por lo demás oscuro y aleccionador de Goldman se ve suavizado por un rayo de esperanza.

Sin embargo, la crisis existencial de Guatemala sigue sin mejorar. Las cifras son alarmantes. Entre 2001 y 2008, la tasa de homicidios del país aumentó en torno a un 95 por cien. Desde 2006, los asesinatos (algunos selectivos, otros indiscriminados) han rondado los 6.000 por año. Los grupos criminales organizados, las agencias de seguridad privadas, los miembros de las maras y la policía comparten, en mayor o menor medida, la responsabilidad criminal por estas condiciones cada vez más deterioradas, y el desplazamiento de los violentos cárteles de México a Guatemala exacerba hoy una situación ya grave en lo que se refiere a la seguridad.

Por otra parte, la crisis económica mundial ha castigado a una sociedad históricamente injusta y desigual, con un especial impacto en la población indígena maya de Guatemala. A los mayas les ha tocado la peor parte durante los periodos de crisis nacional; según el informe sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, los indígenas pobres de las zonas rurales constituyeronn el 93 por cien de los muertos durante la guerra de guerrillas. A pesar de que el conflicto civil ha acabado, esta población es igual de vulnerable a las consecuencias de las recesiones económicas. La carga tributaria es muy baja en Guatemala (incluso comparada con lo que es habitual en Latinoamérica) y, en el contexto de unos tiempos económicos difíciles y unas presiones presupuestarias cada vez mayores, los ingresos han caído aún más, lo que dificulta que el gobierno pueda proporcionar unos servicios adecuados.

El sobrecogedor caso Rosenberg también tiene implicaciones nacionales y, al margen de lo que finalmente salga a la luz sobre los asesinos y sus motivaciones, está claro que el actual gobierno de Colom se ha visto aún más debilitado políticamente como consecuencia de sus percibidos vínculos criminales con el asesinato. La perspectiva de cualquier reforma política fundamental es todavía más remota que en el pasado.

De hecho, analizada en relación con el escándalo Rosenberg y la probabilidad de logar justicia en este caso, la actuación del sistema judicial en el asesinato de Gerardi resulta especialmente impresionante. El 1 de julio, casi dos meses después de la muerte de Rosenberg, el jefe de la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, admitía que podría tardarse años sólo en interrogar a los individuos implicados en el asesinato.

El principal obstáculo que hoy impide que se haga justicia es el mismo que hace una década: el turbio entorno político e institucional en Guatemala y las a menudo bizantinas relaciones entre los agentes políticos, tan difíciles de penetrar y desenmarañar. En este caso, como relata Goldman, la inquebrantable perseverancia de un grupo de investigadores, conocidos en el asesinato de Gerardi como los “intocables”, podría sentar las bases para una reparación final, aunque sea parcial.

Al leer El arte del asesinato político en 2009, la observación del premio Nobel ruso Joseph Brodsky, citada por Goldman, de que “los pequeños países tienen grandes políticas”, parece especialmente cierta. Centroamérica ha dejado atrás, afortunadamente, sus encarnizadamente ideológicas guerras civiles de las décadas anteriores, pero la situación de la región sigue siendo convulsa en algunos aspectos fundamentales, con retos institucionales y sociales subyacentes aún sin superar.

Inesperadamente, la situación de Honduras es ahora el centro de atención, y Nicaragua también despierta un vivo interés regional. Sin embargo, puede que Guatemala sea el caso más inquietante, dada la siempre cambiante frontera entre la política y el crimen, un nexo que Francisco Goldman describe de forma magistral en su excelente libro.