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Buenas noticias y malas noticias surgieron de la Cumbre de Unasur. Primero que la reunión demostró que la mayoría de los gobiernos de Suramérica creen que el diálogo abierto puede aliviar las tensiones. Pero al mismo tiempo el encuentro perdió la oportunidad de abordar los problemas fundamentales que dividen a la región.

La agresiva retórica antes de la reunión hacía temer el aumento de los rencores, las tensiones y hostilidades entre los líderes sudamericanos, hasta el punto que algunos especularon con una posible conflagración militar. Los principales antagonistas, por supuesto eran los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez. Uribe defendió con vehemencia su posición sobre la soberanía de Colombia a tener un acuerdo con los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Chávez, por su parte y como se esperaba, rechazó el acuerdo argumentando que lo que él veía es un crecimiento militar de Estados Unidos que amenaza la paz en la región. Después de muchas vueltas al asunto y el intercambio de posiciones entre los presidentes, la situación se calmó gracias al tono conciliador del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula. Unasur, después de todo es una iniciativa brasileña y lo último que Lula quiere es un organismo regional dividido y debilitado.

No es de extrañar que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos fueran críticos del acuerdo. Tienen la sensación de que en la forma como se está manejando es más un producto del Pentágono y el Comando Sur que una decisión política tomada en los niveles más altos de la administración Obama. Su mensaje fue claro y al grano: Los pactos militares, sin importar su intención, son demasiado sensibles para ser manejados por funcionarios de un bajo nivel de agencias burocráticas. La administración Obama debe aprender de este episodio. Las decisiones se deben tomar de manera estratégica teniendo en cuenta sus implicaciones políticas. Y necesitan ser consultadas y explicadas de antemano por E.U. a sus "aliados" en la región.

Sin embargo, después de ventilar sus inquietudes sobre el acuerdo de E.U. y Colombia, la mayoría de los gobiernos querían asegurarse de que el uso de las bases sería sólo dentro de las fronteras colombianas. Ese es un pedido razonable, aunque Estados Unidos y Colombia no tienen un plan de agresión militar en Suramérica. Su objetivo apunta a trabajar de manera conjunta en los problemas de narcotráfico y las Farc en territorio colombiano.

Mientras instituciones como Unasur no son lo suficientemente coherentes y eficaces como deberían, no obstante, pueden proporcionar una función importante en una región marcada por altas tensiones de vez en cuando. Dado el valor de estos foros para el diálogo, es desafortunado que el foco de la discusión se limitara y fallará en abordar otros desafíos. A pesar de la insistencia del presidente Uribe para que otros acuerdos en la región que tienen que ver con la injerencia de gobiernos extra-hemisféricos se muestren de forma transparente, será difícil que se realice un esfuerzo colectivo y serio para lograr esto. También es dudoso que las deliberaciones traerán un cambio de actitud y de políticas de otros gobiernos contra las Farc, que deben ser una preocupación regional, no sólo de Colombia. Y es poco probable que se logre una mejor coordinación en Suramérica para enfrentar el problema de las drogas, que contribuye a extender la criminalidad y plantea el riesgo más grande al Estado de derecho en la región.

Hay demasiado en juego como para no apuntar más allá que alivianar las tensiones.