Repensando la política de drogas de EE.UU.

By Peter Hakim
El Espectador, March 6, 2011

Hace más de cuatro décadas los gobiernos americanos están embarcados en una “guerra contra las drogas” concebida por EE.UU.

La evidencia disponible sugiere que esta política es muy costosa, no ha logrado sus objetivos, y podría estar causando más violencia de la que se propone evitar. Que se haya mantenido tanto tiempo, sin ninguna modificación fundamental, se debe en parte a imposición inflexible de Washington.

Con el nuevo reporte “Repensando la política de drogas de los Estados Unidos”, el Diálogo Interamericano quiere ofrecer nuevos elementos para el debate, suponiendo que ninguna política alternativa puede tener éxito sin el apoyo y el liderazgo de los Estados Unidos.

No por ello queda excluida América Latina de la discusión. Los aportes más significativos para promover la búsqueda de nuevas políticas han provenido de líderes de la región. En declaraciones recientes, los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Felipe Calderón, de México, en gestos sin precedentes, se mostraron cautamente abiertos a discutir nuevas aproximaciones. Y la comisión liderada por los expresidentes —Cardozo, Gaviria y Zedillo— hizo fuertes críticas a la posición estadounidense y pidió un cambio de paradigma.

Por otro lado, hace varios años viene creciendo la frustración de los líderes de América Latina por el incremento de la violencia en sus países. Colombia es una isla apenas a flote sobre un mar de fracasos en México, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela, Bolivia y el Caribe. La política de drogas se está convirtiendo en uno de los motivos de tensión más intensos en la relación de los Estados Unidos con América Latina, como quedó en evidencia con las declaraciones de Calderón pidiendo a Estados Unidos que cumpliera su compromiso de “responsabilidad compartida”, reduciendo el consumo y deteniendo el tráfico de armas, dos cosas que no ha hecho.

Sin embargo, en la política interna de Estados Unidos el debate está enmudecido. A pesar de que una encuesta de Zogby International mostró que en 2008 tres de cada cuatro estadounidenses creía que la “guerra contra las drogas” había fracasado, el tema no figuró en la contienda electoral de 2010. Los políticos de Estados Unidos se paralizan ante el salto al vacío que supone abandonar la política actual para aventurarse en alternativas inciertas. Los estadounidenses dicen que la “guerra contra las drogas” no funciona, pero la mayoría prefiere tolerar sus fracasos, antes que probar alternativas.

Por eso el reto principal de la política de droga de los Estados Unidos empieza por poner los temas relevantes en la agenda política y someterlos a debates serios. El objetivo central de una nueva política debe servir a los intereses de los estadounidenses, diseñando maneras para que las drogas causen menos daños en las comunidades y permitiendo que Estados Unidos remueva una irritación importante en sus relaciones hemisféricas.

Los tres temas fundamentales que Washington debe debatir son la marihuana, los costos de la estrategia punitiva y las ventajas de la estrategia de salud.

Las políticas sobre la marihuana han avanzado mucho en Estados Unidos impulsadas por iniciativas locales. Es importante entender que la discusión gira alrededor de un cambio en la clasificación de la planta, pasándola del grupo de las “drogas” al del alcohol y el tabaco. Y aunque es probable que en algunos años haya algunos estados donde sea totalmente legal, no por ello habrá cambios sustanciales en la política de drogas del continente.

La estrategia punitiva contra las drogas ha contribuido sustancialmente a que Estados Unidos tenga hoy la población carcelaria más grande del mundo en términos absolutos y per cápita. Con el déficit fiscal como protagonista del debate nacional, será más fácil cuestionar el enfoque principalmente criminal de la política de drogas, por sus escasos resultados y sus altísimos costos.

Aunque el presidente Obama se ha esforzado en renovar su enfoque, declarando que las drogas son un problema de salud pública, hace falta el soporte presupuestal para recolectar datos confiables, hacer estudios clínicos y financiar proyectos novedosos —como con cualquier otro problema de salud que se trata seriamente—.

No tengo memoria de un mejor momento en la historia para discutir nuevas políticas de drogas. Pero cualquier optimismo tiene que ser mesurado ante una evaluación desapasionada de la distancia que falta por recorrer para discutir seriamente un cambio de rumbo.