Una región sin rugir de sables

By Michael Shifter
Portafolio, April 4, 2011

La evolución de la democracia en América Latina y el Caribe en la última década ha sido compleja, con aspectos positivos y otros preocupantes.

Es riesgoso generalizar, sobre todo cuando se trata de una región cada día más variada con múltiples dimensiones de la democracia, incluyendo procesos electorales, estado de derecho y justicia social. Sin embargo, cualquier balance serio tiene que empezar con el hecho, que si dejamos al lado el caso de Haití en 1991, el último golpe militar cuando las fuerzas armadas tumbaron un gobierno civil electo y ejercieron plena autoridad fue en Argentina en 1976.

Por cualquier medida ese dato refleja un logro que hay que reconocer. De hecho, es en el ámbito electoral y en la relativa falta de intervención de los militares en asumir control para dirigir el país en donde ha habido mas avances en la democracia en América Latina. Con la excepción de Cuba, todos los gobiernos gozan de cierta legitimidad por haber sidos elegidos bajo procesos relativamente abiertos y limpios.

También, de acuerdo a los resultados de la encuesta regional de Latinobarómetro, hay bastante apoyo en la región a la democracia como mejor forma de gobierno. Como se ha visto en las últimas elecciones en Colombia, Brasil y Chile, la política y las opciones electorales se han estrechado. Una política más pragmática y centrista se ha afianzado cada vez más. Sin embargo, en los años 90, después del fin de la Guerra Fría y las transiciones democráticas en varios países, hubo altas expectativas en cuanto a ir más allá de elecciones y construir instituciones como partidos políticos coherentes y sistemas de justicia eficaces e independientes. En ese aspecto, el progreso ha sido más decepcionante. Más bien parece estancado, inclusive, con algunos retrocesos.

El caso de Perú es dramático y paradójico. De hecho, a pesar de tanto crecimiento económico e importante reducción en pobreza en los últimos años, los partidos siguen frágiles y el electorado muy volátil. Una evaluación del estado de derecho en varios países de América Latina no lleva a conclusiones muy alentadoras. Si bien es cierto que en muchos años los militares no han tomado control después de sacar un gobierno electo, esto no quiere decir que no haya habido golpes, definidos como cambios de gobierno como producto de medidas extra constitucionales.

Hay dos situaciones relevantes y no muy confortantes en América Latina hoy. La primera consiste en acciones de control de un gobierno legítimo, como fue el caso de Honduras en junio del 2009, donde apesar de tener características de un golpe tradicional, las fuerzas armadas cedieron el poder a un gobierno de facto. Esto llevó a una reacción de la comunidad hemisférica que fue, por lo menos al principio, unánime y fuerte (casi dos años después Honduras esta afuera de la OEA). Sin embargo, por razones políticas, los otros casos que se pueden considerar como ‘golpes’ en los últimos años no produjeron una reacción parecida de condena. Algunos ejemplos se encuentran en Ecuador, cuando en 1997, 2000, y más claramente en el 2005, gobiernos democráticamente elegidos fueron sacados a la fuerza.

La segunda situación preocupante consiste en acciones adelantadas por el Ejecutivo para concentrar poder y debilitar los contrapesos que son vitales para una democracia representativa. En esta situación no hay cambios de gobierno. Así fue el caso de Alberto Fujimori, en 1992 en Perú, cuando disolvió el Congreso y suspendió la Constitución a través de un proclamado “autogolpe”. En los últimos años, los casos de Nicaragua y Venezuela han llamado la atención en ese sentido. Por cierto, Hugo Chávez ha sido elegido y reelegido dos veces y todavía cuenta con el apoyo de más o menos la mitad del electorado venezolano, pero es difícil aplicarle a Venezuela el término ‘democracia’ cuando el propio Presidente les ha quitado autoridad a varios funcionarios elegidos popularmente.

Felizmente, las situaciones más complicadas de la democracia en la región son limitadas. Sin embargo, los problemas son profundos, y enfrentan grandes riesgos a dicha democracia como la creciente criminalidad y violencia, y altos niveles de desigualdad social. Los procesos electorales relativamente abiertos y limpios son frecuentes en la región.